A inicios de los años setenta,
antes de iniciarse la explotación petrolera de la región amazónica y
que el primer barril del petróleo cruce las tres regiones del país por
una arteria de 503 kilómetros de longitud (Oleoducto Transecuatoriano
–SOTE) y que desde el puerto de Balao en la provincia de Esmeraldas
cruce las aguas del Pacífico hacia los diferentes mercados
internacionales que demandan del crudo ecuatoriano, los ejes de la
reforma petrolera que generaron enormes beneficios para el país son los
siguientes:
En la parte contractual,
el régimen militar del General Guillermo Rodríguez Lara definió en la
ley petrolera un solo tipo de contrato, denominado contrato de
asociación tipo consorcio: un primer contrato suscrito con esta
modalidad fue con la compañía norteamericana Texaco Petroleum Company
S.A. y un segundo con la compañía City Investing Company de la misma
nacionalidad de la anterior.
En los años setenta, uno
de los contratos más importantes que se firmó en los años setenta fue
el suscrito con la compañía Texaco Petroleum Company, cuyos ejes más
importantes de su contenido fueron los siguientes: la participación del
Estado en dicho contrato fue del 62.5% y de la contratista del 37.5%.
En la carga tributaria,
la contratista pagó el 87.31% del impuesto a la renta, más el pago de
regalías petroleras hasta del 18.5%; los costos de producción del barril
del petróleo fueron en promedio de $ 3 x barril; en materia de
explotación petrolera, en el marco de una visión de largo plazo, el
gobierno de ese entonces determinó que las reservas petroleras sean
explotadas de manera racional sin incurrir en la práctica de la
sobre-explotación de los yacimientos hidrocarburíferos, por eso es que,
al cabo de 20 años de explotación petrolera la contratista perforó 326
pozos verticales, 27 de avanzada, 260 de desarrollo, 4 de extensión, 28
exploratorios y 7 de reemplazo; total, 652 pozos perforados por la contratista en un período de 20 años.
En conclusión,
al sumar los ingresos de las regalías petroleras y la participación del
62.5%, el Estado participó de la producción petrolera en un 82.5%.
En términos cuantitativos,
como resultado de la reforma petrolera de ese entonces, el Estado
recibió $ 23.508 millones y la contratista $ 1.643 millones; en
porcentajes, 93% para el Estado y 7% para la contratista.
En síntesis, el Estado recibió el 92% de la renta de cada barril de petróleo producido”
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